(Publicada en el Diario el Mundo el 16/12/2013)

El concejal de hacienda frunció el ceño ante mi pregunta y dada mi reiteración, miró hacia el técnico que estaba al fondo de la sala de la junta de gobierno donde estábamos celebrando la comisión de hacienda. El técnico rápidamente sacó de entre unas carpetas la famosa ley de transparencia que el Partido Popular ha aprobado recientemente, y blandiéndola, como Errol Flyn hacía con su espada al frente del séptimo de caballería, utilizó uno de los apartados de la ley para justificar la negativa del Partido Popular a aceptar una enmienda a las bases del presupuesto municipal,  que desde el grupo municipal de Unión Progreso y Democracia habíamos planteado.

Tras la lectura del apartado, el concejal de hacienda sonrió aliviado como colono de película de western recién rescatado, pero en el fondo seguro que pensaba como yo, para aprobar una ley de transparencia con cosas como esta, podían haber dedicado el tiempo a otros menesteres más provechosos para la ciudadanía.

En la enmienda planteábamos que la gestión cualquier subvención que se otorgara desde el Ayuntamiento debería ser totalmente  pública y accesible por los ciudadanos durante todo su proceso, desde la convocatoria de la misma hasta su finalización. Esto incluía que se incorporara la obligación de que el receptor de la subvención debía presentar una memoria justificativa de las tareas objeto de la subvención.

La ley de transparencia del Partido Popular considera que este último apartado no es necesario, imagino que pensarán que todo el mundo es honrado y que el dinero público siempre se  gasta de manera justificada, y si no que se lo pregunten a los de UGT de Andalucía.

España necesita una Ley de Transparencia que permita un triple control de todo lo público: por la oposición, por los órganos supervisores y el control que podría ejercer cualquier ciudadano de forma directa, para ello debe haber libre acceso de la información.

Pero, libre acceso a la información no significa que primero hay que pedir la información justificando porqué la quieres  y luego esperar a que la suministren (sino dada la celeridad de con la que contesta el Partido Popular en el Ayuntamiento habría que exigir una silla para esperar sentado). Libre acceso a la información implica que los datos estén accesibles, que sean sencillos de encontrar y que estén expuestos con rigor pero de forma comprensible. El ciudadano no tiene por qué justificar su deseo de comprobar una información que es suya, con lo que devolveríamos  a los españoles algo que les pertenece. De esta forma se obligaría a todas las entidades públicas a ser más eficientes y  haría más difícil la labor de desaprensivos que estuvieran pensando en aprovecharse de ellas.

No todo es malo en la ley, faltaría más, la sonrisa del concejal de Hacienda se quebrará cuando lea el punto que indica que constituyen infracciones muy graves los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto. Algo habitual en el Ayuntamiento de Alicante, donde los reconocimientos extrajudiciales de créditos y facturas en el cajón no son algo excepcional. También me parece acertado el apartado en el que se penaliza el hecho de recibir regalos o tratos de favor.

No obstante estos últimos aspectos interesantes se pierden cuando compruebas que esta ley  no se trata de una ley orgánica.  Las leyes orgánicas son aquellas que protegen derechos fundamentales y requieren de mayoría absoluta del congreso para su aprobación. La ley de protección de datos es orgánica y sin embargo la de transparencia que debería garantizar el acceso a la información no lo es. Con lo cual se prima más la protección de información que el acceso de los ciudadanos. La Ley de Transparencia  no se basa en que el derecho al acceso a la información es básico; establece muchas limitaciones y restricciones para acceder a determinados papeles de la administración y contiene el silencio como respuesta. También considero inaceptable que entes que reciben financiación pública, tales como partidos, sindicatos, patronales y Casa Real  queden fuera de la aplicación de la ley.

Además la ley es muy poco concreta,  sobre todo en las conductas sancionables,  lo cual me temo, permite una inevitable discrecionalidad y subjetividad en su interpretación y aplicación. Es probable que las personas que la incumplan solo  sean castigados a una noche sin cena o a leer las memorias de Zapatero un par de veces (aunque  pensándolo bien, esto último sería terrible).