Publicado en el Diario Información el 08.10.2010
Este verano he podido disfrutar de mi iPad para poder acceder a Internet mientras saboreaba un buen café en alguna terraza de cafetería con acceso Wifi. En una de estas cafeterías al tener ciertos problemas de acceso a la conexión inalámbrica la joven encargada del local me miraba extrañada y me decía que no lo podía entender ya que ella se estaba descargando películas continuamente. Al mirarle con cara de sorpresa, seguramente me confundió con un agente de la SGAE y me dijo como atenuante que las películas eran para su hijo. Me limité a sonreír pero no puede evitar pensar que las descargas de contenidos protegidos bajo derecho de autor no son consideradas delito por los ciudadanos españoles.
Ahora se acaban de aprobar dos normativas, una en el parlamento español sobre la economía disponible y otra el famoso informe Gallo en el parlamento europeo. Ambas entre sus contenidos incorporan hojas de ruta o acciones a tomar contra las descargas ilegales cada vez más extendidas.
Hoy en día la red es el mayor proveedor de contenidos digitales, ya sean audio, video e incluso libros. Numerosas páginas web facilitan a cualquier usuario un acceso sencillo a prácticamente cualquier película o disco salido al mercado. En la mayoría de los casos, los productos que se ofrecen están catalogados en base a la calidad de los mismos. Así, tenemos desde los Screener (películas capturadas por una cámara en una sala de cine) hasta los DVDRip o BrRip que son obtenidos directamente desde el DVD o Bluray. Incluso se han incorporado a la oferta los DVDScreener o BrScreener que contienen el video obtenido directamente de una copia digital pero el audio ha sido capturado previsiblemente con una grabadora de una sala de cine. En muchos casos las series de televisión son también fácilmente accesibles, en algunos casos con alta definición.
Las páginas que ofrecen este tipo de productos son un negocio redondo para sus creadores ya que mientras ingresan en base a los servicios de publicidad de todo tipo que contienen, sólo ofrecen enlaces generados por usuarios externos y voluntarios a los servidores que almacenan los megas de información. Adicionalmente a este tipo de páginas ilegales, ha surgido un negocio paralelo, aunque en muchos casos no se quiera reconocer. En primer lugar las compañías de telecomunicaciones que ofrecen sus elevados anchos de banda, en el caso de España a un precio elevado, para facilitar todo tipo de descargas. También, los mp3 y los discos duros multimedia que se utilizan para albergar y visualizar la información descargada son un producto superventas y ocupan gran parte de las estanterías de almacenes y comercios.
Los grandes damnificados no son sólo las compañías cinematográficas o musicales, sino cines que han visto drásticamente reducido su público y los videoclubs tradicionales cada vez más empujados a una inevitable extinción.
Hace algunos años, Gonzalo Suárez, responsable español del desarrollo del exitoso juego Comandos me comentaba que el gran problema era la escasa conciencia del delito que se cometía al realizar copias. Él me indicaba que en otros países también se realizaban copias pero que la gente no se vanagloriaba de ello como hacemos aquí. Un responsable de Microsoft me insistía en la importancia de la educación a la gente en este tema. No obstante, la mayoría de compañías de videojuegos asocian sus productos a juegos en red o con contenidos en la misma de forma que sea más fácilmente controlable la piratería.
Uno de los grandes hitos antipiratería, la Playstation 3, también ha caído recientemente con la aparición de un USB que hace lo que denominan ahora de modo llamativo Jailbreaking. Parece que al llamarlo así se otorga a los hackers cierta aura especial. Curiosamente hay quien asegura que ha sido la misma Sony la que ha facilitado el «cacharrito» para incrementar las ventas de su consola.
El Gobierno español está atrapado entre los artistas que en su mayoría le han apoyado y ahora le demandan acciones más drásticas contra la piratería y su miedo a tomar acciones que puedan sensibilizar a gran parte de la población. Su acción ha sido la de introducir dentro de la Ley de Economía Sostenible (por cierto, qué nombrecitos se eligen) la disposición final Segunda, más conocida como la «ley Sinde». Jugando a un totus revolutum ha introducido una serie de normas dentro de una ley que parecía inicialmente pensada para otras cosas. Así, la famosa «ley Sinde» propone una serie de pautas que van a facilitar el cierre de webs sin la suficiente garantía judicial. Muchas asociaciones consideran este hecho un ataque a la libertad de expresión.
No está muy claro cuál va a ser el desarrollo de la ley, ya que en muchos casos las webs pueden estar alojadas en otros países y puede ser difícil su cierre. La postura del Partido Popular tampoco es demasiado clara, parece algo así como «ni sí ni no, sino todo lo contrario pero siempre voto en contra de Zapatero». En otros países de Europa como Francia e Inglaterra se pretende actuar directamente contra los usuarios que realizan las descargas, desconectándolos de la red. Mientras tanto, nuestros principales partidos han votado una cosa en el parlamento español y otra en el parlamento europeo, con lo cual crean una sensación que raya en la paranoia y que te impide saber cuáles son realmente las posturas de ambos.