(Publicado en el Diario Información el 8 de enero de 2019)
En tiempos de la extinta Unión Soviética, sus dirigentes decidieron obligar a todas las empresas estatales a invertir el uno por ciento de sus beneficios en publicidad. El objetivo era acabar con los excedentes de producción. Pero como suele ocurrir en el mundo de la economía, las expectativas superaron las previsiones iniciales, generando una industria publicitaria muy próspera que, al no poder dar beneficios, gastaba más de lo razonable en sus spots publicitarios, incluso de productos que realmente no existían. Llegó un momento que los espectadores preferían ver los anuncios de la televisión en vez de los programas de la parrilla. Les permitía sumergirse en un mundo de productos de consumo, casi de ciencia ficción, ya que en la mayoría de los casos dentro de la economía comunista no podían acceder a ellos.
En la línea de hacer guiños a sus socios de gobierno o a los sindicatos y de paso cuadrar sus números en el presupuesto, parece enmarcarse el decreto del ejecutivo de Pedro Sánchez acerca de las prácticas en empresa de los estudiantes universitarios.
En la actualidad, los títulos universitarios contemplan la posibilidad de realizar prácticas curriculares en empresa. Básicamente el modelo se basa en que el estudiante, dentro de la oferta optativa de su título, puede elegir cursar alguna asignatura o bien realizar prácticas en una empresa de forma tutelada conjuntamente desde la misma y la Universidad. La idea es buena, ya que facilita al estudiante adquirir conocimientos y experiencias “in situ” que no se pueden obtener en un aula. Además, le permiten establecer relaciones que le permitan mejorar sus posibilidades de inserción laboral (ahora esto se llama networking). El tutor de la Universidad debe supervisar la práctica para que el estudiante realice en la empresa tareas en función de su capacitación y necesidades de formación. Por su parte la empresa, ayuda a formar futuros profesionales e incluso puede obtener un beneficio por el trabajo que el alumno realice y que compense su dedicación a la tutela del estudiante. Los estudiantes sólo eran dados de alta en la Seguridad Social si cobraban por realizar dichas prácticas.
Ha habido voces, como desde la formación Podemos, en las que se ponía en duda la labor de la empresa en este proceso formativo e incluso hablaban de fraude generalizado. Obviamente, dentro de su línea habitual de criminalización del empresario y la empresa se olvidaron de valorar los datos de inserción laboral que pueden suponer estas prácticas.
Pero al final parece que estas tesis se han impuesto y Sánchez va a obligar a que todas los estudiantes en prácticas curriculares (dentro de sus estudios) sean dados de alta en la Seguridad Social, sean prácticas remuneradas o no. Todo ello sin negociar con las universidades los términos del acuerdo.
Obviamente se puede hacer los números del Gran Capitán y hacer estimaciones de lo que el Estado va a ingresar con las nuevas altas en la Seguridad Social, y como de paso esto puede ayudar a maquillar unos número de afiliados en descenso.
Pero en su ímpetu “decretador” se han olvidado el pequeño detalle de quién debe pagar ese alta en la Seguridad Social, ¿Las empresa o las universidades? Y no sólo eso, ¿las universidades deberán soportar toda la burocracia adicional que este proceso puede suponer?
Si son las primeras se puede producir un descenso de la oferta de prácticas. Por otro lado es poco probable que las Universidades puedan hacerse cargo de ese coste adicional de seguridad social y burocracia adicional si no es subiendo la matrícula al estudiante.
Así, con la obligación de dar de alta al estudiante en la Seguridad Social cuando realice las prácticas se puede conseguir que incluso sean más atractivas. Pero, se olvida que el mercado es una mezcla de oferta y demanda. Al igual que ocurrió los anuncios de la URSS, se podría generar una demanda mayor de prácticas por parte de los estudiantes pero que no se podría cubrir al no haber ofertas para cubrir dicha demanda.
Desgraciadamente hay algo en todos estos decretos que el gobierno menosprecia, y es la importancia de la empleabilidad de los egresados. Sin duda las prácticas en empresa mejoran esos datos y seguro que sería aún mejor si parte de la financiación de las universidades dependieran de ese grado de inserción laboral de los estudiantes que forman. Estas medidas siempre serían mejor que poner trabas a la colaboración Universidad-Empresa. Mi esperanza es que dada la fecha del decreto, 28 de diciembre, todo sea una inocentada.