Publicado en Abc el 8 de febrero de 2024
No me sorprendió ver en el momento de máxima audiencia de una cadena televisión el
anuncio de una conocida empresa de seguridad. Ignoro si estamos volviendo a los tiempos de
inseguridad que retrató el director español Eloy de la Iglesia con la película “Miedo a salir de
noche”, pero puede ser que vayamos camino de ellos. Pero si que me llamó la atención uno de
los mensajes estrella de la publicidad en cuestión, “Seguridad con seguro antiokupas”.
Pude comprobar en la radio, que otra de las empresas del sector también destacaba las
bondades antiokupas de su sistema de seguridad. No me refiero a empresas más cercanas al
pistolerismo de la Barcelona de principios del siglo pasado, sino de empresas cotizando en
bolsa y con una trayectoria contrastada y conocida.
Si uno indaga un poco más en la oferta de seguridad en internet, puede encontrar fácilmente
ofertas que garantizan literalmente “que cubren el desalojo de su vivienda en un tiempo que
oscila entre 24 y 48 horas ante la contingencia de una ocupación ilegal”. No he profundizado
más en las condiciones de dicho servicio que ofrecen, pero debe ser el servicio premium, ya
que también posibilitan la contratación de un seguro con defensa jurídica contra una
ocupación ilegal. No obstante, indican que este servicio no se recomienda demasiado ya que
hablan de unos excesivos plazos para poder volver a tomar posesión de la vivienda.
Mientras el temor a la ocupación de tu casa crece, los políticos y el sistema judicial español
parecen centrados en la polémica acerca de la posible imputación por terrorismo de Carlos
Puigdemont y sus secuaces por sus actos del 2017. Solo los expertos conocen el embrollo
actual de fiscales generales, ponentes, junta de fiscales que parecen no ponerse de acuerdo en
el tema, parece que, por motivo espurios, con el inevitable descrédito de todo el sistema.
Un amigo me comentaba que todo el mundo da por hecho que los socialistas serían capaces
de ofrecer los restos de Pablo Iglesias Posse y la coleta de Pablo Iglesias Turrión a cambio del
apoyo suficiente para mantenerse en el poder. Con lo que lo de la amnistía para Carlos
Puigdemont no solo está ya descontada, sino que cada vez interesa menos a la gente.
Sin embargo, todos los problemas relacionados con la vivienda se imponen en la preocupación
de los españoles: comprar una vivienda, que no te ocupen la vivienda que has comprado,
alquilar una vivienda, poder desahuciar a un inquilino que no te paga el alquiler entre otros.
Tanto el presidente español Pedro Sánchez como el valenciano Carlos Mazón han anunciado
proyectos de construcción de viviendas públicas de fácil acceso. De momento son solo
proyectos. Además, los últimos cambios en la ley de alquiler realizados por el gobierno
Sánchez, así como las medidas de algunos ayuntamientos han conseguido decrementar la
oferta de pisos en alquiler y por tanto incrementar el precio del mercado, y por tanto,
dificultar enormemente el acceso al alquiler precisamente a las personas que la ley pretendía
proteger.
El movimiento de la izquierda de este país de criminalizar a los propietarios que alquilan sus
pisos se les está volviendo en su contra. Recientemente se descubrió tras el desahucio de una
anciana, del que se había hecho eco cierta prensa, que la señora tenía en el banco más dinero
que el propietario del piso que ocupaba. Simplemente dejó de pagar por que le habían
asegurado que “ella no era deshauciable”.
Los problemas de los precios del alquiler se reducen si se amplia la cantidad de los pisos que se
alquilan y eso solo se consigue dando seguridad jurídica a los propietarios. Pero con un
gobierno socialista que está más preocupado en defender a los okupas o a los que no pagan el
alquiler, es bastante difícil.